La primera de las 3 votaciones en el pleno de la Knesset vence el lunes por la tarde, avanzando el proyecto de ley para proteger a los funcionarios electos del escrutinio judicial; protestas masivas planeadas para el martes por activistas contra la reforma
La Knesset tenía previsto votar el lunes un controvertido proyecto de ley para reducir la revisión judicial de la «razonabilidad» de las decisiones de los funcionarios electos, como parte del plan más amplio del gobierno para reformar el poder judicial de Israel.
El proyecto de ley se está acelerando a través del proceso legislativo para que se convierta en ley al cierre de la sesión de verano de la Knesset el 30 de julio. La votación del lunes es la primera de las tres votaciones requeridas en el pleno.
Dado que se espera que la coalición parlamentaria apruebe fácilmente el proyecto de ley en su primera lectura, el movimiento de protesta de los últimos seis meses prometió manifestaciones perturbadoras en todo el país el martes, incluido el bloqueo de carreteras y la inundación del aeropuerto Ben Gurion y sus vías de acceso interno con manifestantes.
El breve texto del proyecto de ley prohíbe por completo que los tribunales utilicen la prueba de razonabilidad para invalidar o incluso discutir las decisiones tomadas por el gabinete, los ministros y “otros funcionarios electos, según lo establece la ley”.
Si bien el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó a su ministro de justicia y al jefe del comité de la Knesset que patrocina el proyecto de ley que «suavicen» el lenguaje para no proteger a los ayuntamientos locales de las peticiones de revisión judicial, el lenguaje del proyecto de ley no ha cambiado hasta ahora.
El ministro Simcha Rothman, quien encabeza el Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knesset, dijo que el proyecto de ley actual no se aplicará a los alcaldes, pero se negó a eliminar la cláusula de «otros funcionarios electos», allanando el camino para expandir fácilmente el alcance del proyecto de ley.
Rothman también fue criticado por apresurar el proceso de discusión, aprobando el proyecto de ley para su primera lectura después de solo cinco discusiones del comité celebradas durante nueve días.
Los miembros de la oposición parlamentaria y los expertos invitados al comité también criticaron que la coalición estaba presentando el proyecto de ley como un proyecto de ley del comité, en lugar de un proyecto de ley patrocinado por el gobierno, una elección inusual para una enmienda a una de las Leyes Básicas casi constitucionales de Israel.
Como actualización de la Ley Básica: El Poder Judicial, el proyecto de ley normalmente sería patrocinado por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, esa ruta tomaría más tiempo y abriría el proyecto de ley al escrutinio del fiscal general.
Si el proyecto de ley se aprueba en su primera lectura el lunes como se esperaba, Rothman debía convocar al comité el martes para comenzar los preparativos para la segunda y tercera (y última) lectura.
La razonabilidad es una prueba judicial que permite a los tribunales anular decisiones gubernamentales y administrativas que se considera que no han tenido en cuenta todas las consideraciones pertinentes de un tema en particular, o que no han dado el peso correcto a esas consideraciones, incluso si no violan ninguna ley particular. ley o contradecir otras decisiones administrativas.
Los defensores de limitar el uso de la doctrina de la razonabilidad por parte de los tribunales dicen que ha permitido el gobierno del poder judicial. Los críticos dicen que la prueba es un baluarte vital contra el abuso del gobierno.
Los académicos jurídicos y los políticos han presentado diferentes propuestas para limitar la razonabilidad, y el proyecto de ley actual de la coalición es la restricción más extrema de la doctrina dominante hasta la fecha.
Las limitaciones de la prueba propuesta por el juez conservador de la Corte Suprema Noam Sohlberg han sido citadas con frecuencia por la coalición, pero su propuesta actual va mucho más allá del argumento de Sohlberg para aislar áreas de política del escrutinio judicial. El presidente Isaac Herzog también propuso restringir la aplicación de la razonabilidad como parte de un paquete integral de reforma judicial, pero no como una medida independiente.
La coalición ha afirmado que la oposición estuvo cerca de llegar a acuerdos sobre la limitación de la razonabilidad como parte de las conversaciones ahora congeladas de las partes, pero la oposición dice que nunca llegó a ningún acuerdo y que no daría su consentimiento parcial a los cambios judiciales.
Rothman se basó en parte en el trabajo anterior del erudito legal Yoav Dotan para vender el proyecto de ley de razonabilidad del Comité de la Constitución. Sin embargo, Dotan testificó ante el comité para decir que su beca había sido secuestrada para promover un proyecto de ley mucho más amplio de lo que él apoya, en declaraciones hechas la semana pasada poco antes de que el comité aprobara el proyecto de ley para su primera lectura.
Dotan le dijo al comité que su propuesta actual era «muy problemática» y que sería «muy peligroso tirar al bebé con el agua del baño» al cancelar la prueba por completo.
En cambio, sugirió limitar la prueba para prohibir su uso para decisiones tomadas por el gabinete en pleno, pero dijo que la prueba de razonabilidad era un control importante contra las decisiones tomadas por ministros individuales.
“No hay ninguna razón en el mundo para darles inmunidad contra el escrutinio total del Tribunal Superior”, dijo Dotan.
El profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén advirtió además que si se finaliza la propuesta, una amplia franja de decisiones del sector público podría protegerse del escrutinio judicial porque “todo se convertirá en una decisión de un ministro”.
“Lo más fácil del mundo sería crear formas prácticas de convertir todo en una decisión ministerial”, dijo.
La Fiscalía General también criticó el proyecto de ley, diciendo que abrió la puerta a la toma de decisiones “arbitrarias”.
“Lo que tenemos ante nosotros es una luz verde para el gobierno, el primer ministro, los ministros y otros funcionarios electos, y solo para ellos, para tomar decisiones arbitrarias que ignoran hechos relevantes, consideraciones necesarias o dan un peso extremadamente exagerado a la importancia. de consideraciones insignificantes”, dijo al comité el subprocurador de Derecho Administrativo Gil Limon hace dos semanas.
Si bien el foco del esfuerzo del gobierno y la ira de los manifestantes, el proyecto de ley de razonabilidad se ve solo como un precursor de un esfuerzo más amplio para debilitar los controles judiciales sobre el poder político.
Un tema en disputa mucho más polarizador es si los políticos deberían tener influencia sobre los nombramientos judiciales. En la sesión de invierno de la Knesset, la coalición planea presentar un proyecto de ley para aumentar la influencia política sobre el nombramiento de jueces, en línea con su argumento de que los representantes electos deberían elegir un tribunal ideológicamente más diverso, mientras que la oposición y los manifestantes denuncian que la medida erosiona la independencia judicial.
El miércoles, la Knesset votará para terminar de dotar de personal al Comité de Selección Judicial, aunque el ministro de Justicia, Yariv Levin, ha insinuado que no planea convocar al panel en su composición actual, que divide el poder entre políticos y representantes profesionales.
Fuente: TheTimesofIsrael- Traducido por UnidosxIsrael
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