El Gobierno de Cristina Cifuentes no aporta ningún dictamen técnico que sustente la Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad sexual y de Género.
Además de los derechos fundamentales que vulnera (contra la libertad de educación, contra la libertad de expresión, contra la presunción de inocencia etc.), -todos ellos recogidos en la Constitución- el proyecto carece de un requisito imprescindible. Carece de dictamen técnico, a pesar de que la Asamblea de Madrid dice lo contrario.
El ‘parlamento’ acordó calificar y admitir a trámite un dictamen de la Comisión de Políticas Sociales y Familia sobre la ley LGTB. O al menos eso dice. Pero tal dictamen no existe.
Ni hay dictamen, ni tampoco intervención de especialistas en educación, psiquiatría, genética, psicología, ni tampoco de una de las partes afectadas por la ley: los padres y madres de los alumnos.
No lo decimos nosotros, sino la propia Asamblea, ante el requirimiento de un miembro de la ‘Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción’.
Este último, Eugenio Martín Closas, se dirigió a la Asamblea madrileña con tres peticiones. Quería conocer el dictamen del Proyecto de Ley; las personas, asociaciones, e instituciones que intervinieron en la elaboración del dictamen; y finalmente los criterios de selección de las personas, asociaciones e instituciones que han formado parte.
La petición era pertinente, porque padres y docentes se han quejado, desde que se aprobó la ley el pasado mes de julio, de que no se ha contado con ellos para su elaboración.
Lo señaló a Actuall Pedro José Caballero, presidente de Concapa, la principal patronal de padres de alumnos que agrupa a 3 de millones de padres.
El proyecto fue urdido a espaldas de la comunidad educativa y de los padres, contando únicamente con los colectivos LGTB.
De ahí el interés del representante de Erich Fromm por conocer el dictamen y los criterios de selección de los miembros de la ponencia.
¿Qué respondió el legislativo de la Comunidad de Madrid? Que la Mesa de la Asamblea había acordado calificar y admitir a trámite el Dictamen de la Comisión de Políticas Sociales y Familia (siguiendo el artículo 146 del Reglamento de la cámara regional).
Y ¿dónde está ese dictamen? La Asamblea dice, en respuesta, a Martín Closas que fue publicado en el Boletín de la cámara (BOAM) nº 63 de 2 de junio de 2016.
En éste aparece, en su página 6.690, un epígrafe titulado, efectivamente, Dictamen de la Comisión de Políticas Sociales y Familia al Proyecto de Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género… pero lo que se puede leer en las siguientes 37 páginas son los 76 artículos de la Ley LGTB: desde la exposición de motivos hasta las disposiciones adicionales.
No hay dictamen. Aunque lo anuncie la Asamblea en el título del epígrafe.
Pero, a renglón seguido la Asamblea dice, en su respuesta a Martín Closas, que para consultar el dictamen puede remitirse al Boletín de octubre de 2015 (cuando aún no se había aprobado la ley LGTB).
En éste aparece el proyecto de esa ley (pag. 1105), sin dictamen alguno. Y también aparece otro proyecto de ley similar, la llamada ley de transexualidad (técnicamente Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y Discriminación), que fue aprobada –con la abstención del PP- por el ‘parlamento’ madrileño en marzo de 2016.
Tampoco aquí aparece ningún dictamen, si no una serie de opiniones sobre la transexualidad (en la exposición de motivos págs. 1088 -1093). Pero no un dictamen como tal.
Esas opiniones se basan en prejuicios del propio lobby LGTB, carentes de rigor científico. Se remiten a la Asociación Profesional Mundial de la Salud Transgénero (WPATH en sus siglas en inglés) que en 2010 instó en un comunicado a la despatologización de la transexualidad.
El informe de los psiquiatras Mayer y Mc Hugh echa por tierra las legislaciones LGTB al negar la mayor: no hay evidencia científica de la identidad de género sea independiente del sexo
No incluyen el último informe sobre orientación sexual y la llamada “identidad de género”, elaborado por los psiquiatras Lawrence Mayer y Paul Mc Hugh, con resultados de recientes investigaciones en el ámbito de las ciencias biológicas, psicológicas y sociales, y publicado en .http://www.thenewatlantis.com/publications/resumen-ejecutivo.
Es el más completo y acreditado informe sobre la materia, y entre las conclusiones del informe destaca que no hay evidencia científica que respalde que la identidad de género sea independiente del sexo. Es decir echa por tierra todas las legislaciones LGTB, al negar la premisa mayor, y con criterios puramente científicos no ideológicos.
Respecto a la pregunta sobre los criterios, la Asamblea responde, textualmente, “el Portal de transparencia de la Cámara no puede indicar los criterios de selección de los miembros de la ponencia, al pertenecer al ámbito de competencias de los Grupos Parlamentarios de la Cámara”.
Coherente respuesta, habida cuenta de que no existe tal dictamen.
Lo que sí da la Asamblea es el nombre los miembros de la ponencia: se trata de las podemitas Beatriz Gimeno y Clara Serra; las socialistas Carla Delgado y Josefa Navarro; Eva Borox y Marcos Arias (Cs) y las populares Ana Camins y Regina Plañiol.
Una de las ponentes es Beatriz Gimeno (Podemos), que fue presidenta de la Federación de Gays y Lesbianas
Resulta significativo que más de la mitad sean abiertamente feministas (las dos podemitas, las dos socialistas y Eva Borox); y tres de ellas parte interesada, al ser activistas de la Ideología de Género.
Basta repasar el perfil y las trayectoria de estas tres para concluir que, en la ley LGTB, son juez y parte.
Se trata, en primer lugar, de Beatriz Gimeno, que fue presidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) entre 2003 y 2007, y tuvo un papel clave en la aprobación del matrimonio homosexual, por parte del Gobierno de Zapatero.
Defensora del feminismo lésbico, es autora de libros como Primeras caricias: 50 mujeres cuentan su primera experiencia con otra mujer (2002, Ediciones de la Tempestad). Considera que “la heterosexualidad obligatoria es una herramienta del patriarcado para poner a las mujeres en una posición subordinada respecto a los hombres”.
Son parte interesada Clara Serra, filósofa podemita especializada en poder y Género; y Carla Antonelli, diputada transexual e histórica del activismo LGTB
La también podemita Clara Serra, profesora de Filosofía y miembro del sector ‘errejonista’, es otra activista del feminismo que ha estudiado las relaciones de poder y Género, a través de autores como Ernesto Laclau (el mentor intelectual de Pablo Iglesias) o Judith Butler, la filósofa norteamericana, autora de El género en disputa, y estudiosa de la llamada Teoría Queer.
Y también es parte interesada la socialista Carla Delgado Gómez, más conocida por su nombre artístico, Carla Antonelli, transexual, actriz, y una histórica del activismo de Género.
Antonelli jugó un papel importante en la elaboración del programa electoral socialista que defendía el matrimonio homosexual y ha sido, entre otras cosas, portavoz de Área Transexual de la Federación de Gays y Lesbianas (FELGTB), así como portavoz para los medios de comunicación del Colectivo Transexualia de Madrid.
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Fuente: Actuall
