A veces la legislación internacional es ambigua. A veces no lo es. En lo que respecta a asesinar civiles y utilizar armas químicas para rematar la faena, no hay zonas grises, ni líneas borrosas ni circunstancias atenuantes. Dichas prácticas están clara y específicamente prohibidas por lo que se conoce como ley de la guerra. Eso convierte a Bashar Asad, el dictador dinástico de Siria, en un criminal de guerra. Y a Irán en su principal cómplice.
Ya en 2005, Jane’s Defense Weekly informó de que los gobernantes de Irán estaban ayudando activamente al señor Asad a poner en marcha un “innovador programa de guerra química” procurándole tecnología para construir equipos con capacidad de producir “cientos de toneladas de sustancias precursoras del VX, gas sarín (agente nervioso) y gas mostaza (agente vesicante)”.
En lo relativo a la República islámica, el presidente Trump y sus asesores no se llaman a engaño. “Mires donde mires, si hay un problema en la región, encuentras a Irán”, dijo hace poco el secretario de Defensa, James Mattis, durante una visita a Arabia Saudí. “Irán encabeza la lista de países patrocinadores del terrorismo”, incidió el secretario de Estado, Rex Tillerson, el mismo día. El régimen clerical “es responsable de la intensificación de múltiples conflictos, de perjudicar los intereses de EEUU en países como Siria, el Yemen, Irak y el Líbano y de seguir financiando ataques contra Israel. Un Irán sin controles tiene el potencial de recorrer el mismo camino que Corea del Norte y llevarse el mundo por delante”, añadió.
Así que, ¿cuál es la estrategia de la Administración Trump para vigilar a Irán? Todavía están trabajando en ello. Pero sí se deberían tomar inmediatamente algunas medidas. En concreto, y a diferencia de su predecesor, Trump debería abstenerse de facilitar que Irán financie el terrorismo y los crímenes de guerra.
Por ejemplo: en los últimos meses de la Administración Obama, el Departamento del Tesoro de EEUU cursó un permiso para que Boeing vendiera 100 aviones nuevos a Iran Air, “la aerolínea de la República Islámica de Irán”. El Departamento del Tesoro también dio licencias a Airbus para otro acuerdo de similar volumen. Las autoridades iraníes afirman que estos aviones servirán a fines únicamente civiles.
Hay pruebas que sugieren que están mintiendo. Emanuele Ottolenghi, compañero en la Foundation for Defense of Democracies, ha estado rastreando minuciosamente los vuelos de Iran Air entre Teherán y Damasco. Ha habido 768 desde el 16 de enero de 2016, el día que entró en vigor el acuerdo nuclear del presidente Obama con Irán, el Plan de Acción Conjunto y Completo (PACC). De ellos, 129 fueron de Iran Air.
Ottolenghi cree que pocos –o ninguno– han transportado turistas ávidos de excursiones, compras y gastronomía. Ottolenghi cree que están suministrando equipamiento militar y combatientes a las fuerzas de Asad y de Hezbolá, la milicia satélite de Irán en el Líbano, que ha sido desplegada para ayudar a defender el régimen de Asad.
Vale la pena recordar que, en 2011, el Departamento del Tesoro marcó a Iran Air por dotar de apoyo material y servicios a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que ya había sido señalada por su papel en la proliferación de armas de destrucción masiva. En particular, el Tesoro resaltó que Iran Air había estado transportando “componentes de misiles o cohetes a Siria”.
Entonces, de repente, hace poco más de un año, se quitó a Iran Air de la lista. Los portavoces de la Administración rehusaron explicar el motivo y sólo dijeron que estaban actuando de acuerdo con el PACC. Una deducción bien fundada: el presidente Obama había añadido un edulcorante –uno más– a un acuerdo que consideraba esencial para su legado.
También se levantaron sanciones vigentes desde hacía décadas contra el sector de la aviación civil iraní. En una comparecencia en el Congreso a principios de abril, Ottolenghi declaró que, desde la perspectiva iraní, el momento elegido no podría haber sido mejor: la aeronáutica se volvió “vital para los esfuerzos bélicos de Teherán en el teatro de operaciones sirio”.
Ottolenghi recomienda que la Administración Trump, como mínimo, suspenda ya “los permisos de venta de aeronaves mientras comprueba exhaustivamente qué función desempeñan en los traslados aéreos a Siria”.
Los servicios de inteligencia de EEUU tienen los medios para determinar qué se está moviendo entre Irán y Siria. Si estos vuelos son, en efecto, militares en vez de comerciales y civiles, Ottolenghi instaría a la Administración a que sancionara –o más bien volviera a sancionar– a todo el sector aeronáutico iraní. Como estas sanciones no serían de tipo nuclear, no vulnerarían el PACC. El permiso de Airbus puede y debe suspenderse también, porque sus aviones incluyen componentes esenciales fabricados en EEUU.
En la misma semana en que Asad usó armas químicas para asesinar a más de 70 personas en el noroeste de Siria, otra aerolínea iraní, Aseman, firmó otro acuerdo para comprar aviones Boeing. El presidente de Aseman, Hosein Alaei, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama del régimen iraní señalada por su papel en la proliferación de armas de destrucción masiva y por sus sistemas de lanzamiento. Trump debería dar órdenes al Tesoro de que tampoco concediese el permiso a Aseman.
A los ejecutivos, accionistas y lobistas de Boeing y Airbus no les gustará lo que he escrito arriba. Pero deberían preguntarse: ¿de verdad quieren pasar a la historia como los que ayudaron a Iran Air a facilitar a Asad el asesinato masivo de hombres, mujeres y niños inocentes?
Con el PACC, los dirigentes de Irán accedieron a posponer –no a concluir– un programa de armas nucleares cuya existencia no reconocen. A cambio, recibieron miles de millones de dólares, así como permiso para unirse al club de los poseedores de armas nucleares dentro de unos pocos años. ¿Y si entonces siguen siendo los principales patrocinadores mundiales del terrorismo, comprometidos con el genocidio contra Israel y el “¡Muerte a América!”? Con el acuerdo que cerró Obama, no importaría.
En lo que respecta a las amenazas que Obama legó a su sucesor, ninguna es más desalentadora que la representada por Teherán. En principio, Trump debería alentar a Boeing y a las demás compañías estadounidenses a ganar dinero en el extranjero. Pero, por una cuestión de principios, no debería permitir a Boeing ni a ninguna otra compañía estadounidense estar en el negocio de ayudar a y ser cómplices de terroristas y criminales de guerra.
© Versión original (en inglés): Foundation for Defense of Democracies
© Versión en español: Revista El Medio
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