El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este sábado un nuevo acuerdo de paz con el grupo terrorista las FARC después de que el primer intento fuese rechazado por la población colombiana en el referéndum celebrado el pasado 2 de octubre.
Un nuevo documento que no ha salido todavía íntegro a la luz pero que por lo que se sabe hasta ahora es muy parecido en esencia al anterior.
De hecho, la primera falta de Santos ha sido dar por cerrado el acuerdo sin haber consultado antes a los defensores del ‘No’ y las víctimas, como prometió después de su derrota.
Así se manifestó Herbín Hoyos, presidente de la Federación de las víctimas de las FARC, quien acusó al presidente de «faltar a lo acordado». Y no sólo eso, también acusa al equipo negociador del gobierno de «pasarse por la faja» los cuatro puntos incondicionales que propusieron las víctimas, los cuales eran:
1. Liberación de secuestrados que estuviesen vivos.
2. Liberación de los menores que tuvieran reclutados.
3. La entrega de las fosas comunes.
4. Dar a conocer las coordenadas de las zonas minadas.
Se mantiene que mientras los terroristas reconozcan los delitos (asesinatos, violaciones, secuestros,…) nadie irá a la cárcel
Tampoco se atiende a la petición de que cumplan penas de cárcel, pues se mantiene que mientras reconozcan los delitos (asesinatos, violaciones, secuestros,…) nadie irá a la cárcel.
En cuanto a la Ideología de Género que se pretende introducir en Colombia a través de este acuerdo, se asegura que se ha eliminado gran parte y que sólo se mantiene únicamente el reconocimiento al dolor sufrido especialmente por las mujeres y otras minorías (indígenas, campesinos, comunidad LGBT) durante el conflicto, pero no es así.
Se mantiene la obligación del Estado de realizar campañas de comunicación y talleres para promover la cultura LGTBI
Se mantiene la legalización del aborto como un derecho gracias a la inclusión del CEDAW como criterio de interpretación. Se mantiene la obligación del Estado de promover y aportar recursos para la creación de organizaciones y redes pro LGTBI y se mantiene la obligación del Estado de realizar campañas de comunicación y talleres para promover la cultura LGTBI.
Hay otros puntos que sí se han revisado y modificado, como que sean las propias FARC quienes indemnicen a las víctimas con sus propios bienes. O que aporten información detallada (rutas de la droga, etc.) además de su compromiso de desligarse de los clanes mafiosos en las regiones estratégicas.
Otro de los cambios efectivos producidos gracias a la victoria del ‘No’ ha sido el establecimiento de un límite de tiempo a la Jurisdicción Especial de Paz, 10 años, y la eliminación de los jueces extranjeros con capacidad de decisión.
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— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 4 de septiembre de 2016
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Fuente: Actuall
