Los representantes del colectivo LGTBI de Murcia han exigido en la Asamblea que se forme adecuadamente a los empleados de los organismos públicos en todo lo relativo a la ley de igualdad social, aprobada en el Parlamento autonómico en mayo.
El coordinador de educación del colectivo Galactyco, Alberto Alba, acusa al personal técnico de la Administración regional de no hacer su trabajo adecuadamente, ya que «aún exigen papeles de leyes antiguas cuando por ejemplo una persona transexual acude al Registro a cambiarse el nombre»
Por este motivo señala que es importante y «necesaria» la formación del personal para que no vuelvan a ocurrir cuestiones como esta.
El presidente del colectivo ‘No te prives’, Jesús Costa, apoya a Alba y sostiene que la normativa no tiene ninguna guía específica que les sirva para poder trabajar en consecuencia, lo que les supone «un trato aleatorio de quienes acuden en busca de ayuda y soluciones».
El lobby LGTBI pide que se destine una parte de los fondos públicos para crear un presupuesto que dote económicamente su ley»
Pero no es la única exigencia del lobby LGTBI murciano. Piden que se cree un Observatorio Regional contra la Discriminación por identidad de género, orientación sexual y expresión de género.
También que se activen protocolos de atención a personas transexuales e intersexuales o se creen estrategias de inserción laboral para el colectivo, además de ampliar las campañas contra la homofobia.
Los representantes piden que se destine una parte de los fondos públicos para crear un presupuesto que dote económicamente la ley LGTBI, y así, que sus propuestas «puedan ser aplicadas».
La ley prevé sanciones graves de hasta 45.000 euros por “comportamientos discriminatorios”
Esta ley fue aprobada por unanimidad, con los votos del PP (partido que gobierna en la región), PSOE, Podemos y Ciudadanos y contiene varios puntos polémicos, como la imposición de la ideología de género en todos los centros educativos.
También se creará una figura que vigilará el contenido impartido en los colegios, para que se detecten supuestas acciones de discriminación y contenidos ofensivos contra el colectivo LGTBI.
En este sentido, la ley prevé sanciones graves de hasta 45.000 euros por «comportamientos discriminatorios» e incluso se puede llegar a la prohibición de percibir ayudas públicas durante dos años.
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Fuente: Actuall
