SATIAGO, CHILE. – Un informe del
diario chileno La Tercera, revela hechos preocupantes para la iglesia
evangélica chilena el pasado 15 de enero recibió
Leonardo Bustos Paredes, pastor evangélico de la comuna de María Pinto, en la
Región Metropolitana, tras comprobarse que abusó sexualmente de una menor de 13
años entre 2016 y 2017.
“Aprovechándose de su calidad de pastor evangélico realizó actos de
significación sexual en la víctima”, dijo el juez Álvaro Mardones, quien lo
condenó a 300 días de cárcel, imposibilidad perpetua para trabajar con menores
de edad y una vigilancia hacía él por 10 años.
Aunque en los últimos meses los casos de delitos sexuales cometidos por
religiosos se han centrado en miembros de la Iglesia Católica, también ocurre
en las iglesias evangélicas y protestantes. Según el Censo de 2012, un 16,4% de los chilenos profesa esta
religión, la segunda más importante del país.
Un análisis realizado por La Tercera identificó 42 causas penales
iniciadas en la última década contra líderes de estas organizaciones
religiosas. A diferencia de lo que ocurre con los delitos cometidos en la
Iglesia Católica, el Ministerio Público no cuenta con fiscales preferentes o
exclusivos para indagar estos casos y tampoco los agrupa de manera diferenciada
en sus registros internos a nivel país. El análisis de casos evidenció que, a
la fecha, casi un 60% de los casos
denunciados contra religiosos evangélicos o protestantes terminó en condena
Claudio Enrique Salgado Morales, un ex
obispo evangélico, fue buscado por seis años por la policía por su presunta
participación en un delito sexual contra un menor en 2012, en Talca. El 4 de junio de 2018, Carabineros (policía
chilena) lo detuvo en La Serena.
Otro caso que encendió el debate
dentro de la Iglesia fue el que afectó a la diputada Érika Olivera (Ind.),
quien en julio de 2016 denunció a su padrastro, un pastor evangélico, por
delitos de connotación sexual. La
Fiscalía Sur indagó el caso, pero tras acreditar que los hechos ocurrieron
antes del inicio de la Reforma Procesal Penal, en 2005, envió el caso al 34°
Juzgado del Crimen de Santiago, el 3 de febrero de 2017. La jueza Natalia Lillo
tomó la causa, que seguiría vigente.
Para el obispo Emiliano Soto,
presidente de la mesa ampliada de entidades evangélicas y protestantes, los
casos preocupan a la comunidad y se ha acordado llevar estas situaciones
directamente a la justicia. Remarca
que, al contrario de la Iglesia Católica, “nosotros no tenemos un sistema de
derecho canónico o infraestructura legal que pueda dar protección a algún
pastor”.
Cristián Nieto, director de
comunicaciones del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, dice que
“preocupan estos casos, porque, aunque sean cifras bajas, no deberían existir. No deberíamos
tener este tipo de conflictos, ya que nuestros pastores son casados, por lo que
tienen una vida sexual activa”. Agrega que “nuestra obligación es defender
a la feligresía que va a una iglesia o templo, que tiene a su pastor como guía
espiritual. Para nosotros es preocupante este tema y haremos todo lo posible
para evitar y denunciar cuando corresponda, sin encubrimiento”.
Aunque más del 75% de las iglesias cristianas son pentecostales, es
decir locales y autónomas, también están las iglesias protestantes históricas
como anglicanos, luteranos o presbiterianos, que cuentan con autoridades fuera
del país.
Para Alfred Cooper, excapellán de La Moneda y obispo de la Iglesia
Anglicana de Chile, cuando se detecta un hecho de esta naturaleza la primera
medida que se adopta es incentivar a la víctima a denunciar el caso a la
justicia. Tras ello, dice, separan al pastor investigado e inician un caso
paralelo: “Eso asegura que el caso sea serio y también para darle el realce que
merece. El pastor es removido de su cargo mientras se realiza la
investigación”.
Fuente: La Tercera de Chile
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