El ataque de las fuerzas estadounidenses contra la base aérea del Ejército sirio en Shayrat, el lugar de procedencia del último ataque químico perpetrado –presuntamente– por el régimen de Damasco, ha puesto nuevamente sobre el tapete la importancia geoestratégica del conflicto sirio. La fuerte implicación de Rusia y su aliado chií, Irán, defensores ambos de Bashar al Asad, hace que cualquier acción militar de las potencias occidentales trascienda las meras consecuencias sobre el terreno.
Pero la acción militar ordenada por el presidente Trump no va a suponer un agravamiento de las condiciones en que se desarrolla la vida en Siria. En primer lugar, porque fue una operación circunscrita a un objetivo militar muy preciso. En segundo, por las propias dimensiones de la devastación del país tras seis años de guerra, situación complicada por la intrincada red de Estados y organizaciones que luchan por sus propios intereses en el contexto de una guerra brutal.
Desde que en 2011 se desatara una oleada masiva de represión, que desembocó en la actual contienda, en Siria ha muerto en torno a medio millón de personas. El enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, cifró en 400.000 las víctimas mortales a fecha de marzo de 2016. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, radicado en Londres, elevó el número un año más tarde hasta las 465.000, pero a estas alturas del conflicto es imposible determinar con fiabilidad el número de bajas, dada la negativa de ambos bandos a permitir la presencia de organizaciones humanitarias en los territorios que controlan.
La guerra de Siria ha provocado también la huida al extranjero de 4,8 millones de personas, principalmente a los países limítrofes, lo que está provocando auténticos problemas sociales en lugares como el Líbano, que acoge a 1,2 millones de refugiados sirios sobre una población total de poco más de 4 millones. Turquía es, sin embargo, el mayor receptor: en sus campos de refugiados se hacinan casi 3 millones de sirios, muchos de los cuales esperan emigrar a Europa si no pueden volver a su tierra.
Las organizaciones internacionales estiman que la mitad de las infraestructuras del país han quedado destruidas, lo que exigirá en su día un esfuerzo de reconstrucción cercano a los 200.000 millones de euros. La moneda local se ha devaluado un 1.000% desde el inicio de la guerra, el 70 por ciento de los sirios no tiene acceso a agua potable, una de cada tres personas padece hambre y la tercera parte de los niños que permanecen en Siria no va a la escuela.
La situación de la población civil se agrava ante las dificultades que las distintas organizaciones humanitarias tienen para actuar sobre el terreno. A ello contribuye, sin duda, el verdadero enjambre de grupos rivales e intereses cruzados que se combaten mutuamente. Las tropas leales al régimen quieren exterminar a las fuerzas rebeldes, y para ello cuentan con el apoyo de Rusia e Irán. Parte de estos grupos de la oposición a Bashar al Asad son yihadistas, combatidos a su vez por la coalición internacional de 80 países liderada por EEUU. Turquía también está presente en Siria atacando a los yihadistas, aunque su principal objetivo es acabar con los grupos armados kurdos. Finalmente, Israel lanza ataques puntuales para evitar la llegada de armas iraníes a Hezbolá, el grupo terrorista chií libanés que amenaza la seguridad de su frontera norte.
El régimen de Damasco controla sólo el 35% del territorio, si bien se trata de las zonas donde se concentra el grueso de la población (70%). El Estado Islámico está presente en el 40% de Siria, aunque los continuos ataques de que está siendo objeto van reduciendo paulatinamente su control efectivo del territorio. Otro 15% del terreno está en manos de los grupos kurdos, los otros grupos rebeldes controlan el 10% restante.
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Fuente: El Medio
