Las sanciones contra quienes financian el terrorismo están consideradas una de las armas más eficaces con que cuenta el Gobierno de EEUU en su arsenal para la guerra económica. En la práctica, sin embargo, sólo tienen un efecto limitado. Las sanciones de EEUU contra Hezbolá en América Latina son un perfecto ejemplo de ello.
Desde 2004, el Departamento del Tesoro de EEUU ha sancionado periódicamente a los financiadores de Hezbolá en América Latina. Sin embargo, muchos siguen activos en negocios y finanzas ilícitas, pueden viajar al extranjero y probablemente gozan de un importante acceso al sistema financiero global.
Su impunidad subraya la necesidad de responder con medidas urgentes.
Veamos, por ejemplo, el caso de Sobhi Mahmud Fayad. El Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de terroristas en 2006 por actuar de enlace entre la embajada iraní y Hezbolá en la Triple Frontera, donde se cruzan Brasil, Argentina y Paraguay. El Tesoro dijo que estaba implicado en tráfico de drogas y falsificación de moneda estadounidense. Todo indicaba que eso lo dejaría fuera del mercado. Sin embargo, un decenio después, Fayad, con 70 años, suele visitar el bastión de Hezbolá en el sur del Líbano y viaja por todo el mundo; al parecer, no tiene problemas para realizar transacciones financieras a miles de kilómetros de su casa de Paraguay.
En septiembre, sin ir más lejos, participó en el Haj, el peregrinaje musulmán a los santos lugares del islam en Arabia Saudí, antes de pasar más de dos meses en el Líbano. Viajó allí desde Paraguay, en clase business, y se registró en un hotel de cinco estrellas de una cadena internacional.
No fue una circunstancia excepcional. El pasado diciembre peregrinó a Irak, después de obtener su visado iraquí y comprar un billete de avión desde el Líbano.
El suyo no es un caso aislado. Otros individuos y entidades de Hezbolá en América Latina señalados por el Departamento del Tesoro disfrutan del mismo grado de impunidad.
Uno de ellos es el jeque Bilal Mohsen Wehbe, sancionado en 2010 por ser el “principal representante en Sudamérica” de Hezbolá. Sigue siendo uno de los principales clérigos del Centro Islámico de Sao Paulo, en Brasil, y suele aparecer en público con otras figuras religiosas y políticas, incluso durante la visita del iraní Hasán Jomeini a Brasil en 2015.
Otro es Hatem Ahmad Barakat, al que el Tesoro incluyó en su lista de terroristas en diciembre de 2006. Lo que publica en las redes sociales indica que viaja libremente a través de la frontera paraguayo-brasileña, mientras dirige un negocio de electrónica y juguetes en Luanda (Angola). Su hermano Hamze, también incluido en la lista en 2006, lleva sus negocios de manera similar, poco preocupado por las sanciones del Tesoro.
Las autoridades brasileñas tardaron siete años en detener a Hamze, en mayo de 2013; por ser el cabecilla de una trama fraudulenta en la industria textil, no por acusaciones de terrorismo. Hamze fue puesto en libertad poco después, y su proceso judicial sigue en curso. Como sugieren sus huellas en las redes sociales y en los registros comerciales de Brasil, sus problemas con la Justicia brasileña apenas son un obstáculo para sus actividades.
Y lo mismo que pasa con las personas pasa con las empresas. Galería Pagé, un centro comercial de Ciudad del Este (Paraguay) al que EEUU sancionó en 2006, sigue en activo tras cambiarse simplemente el nombre a Galería Uniamericana.
Claramente, las sanciones del Departamento del Tesoro no bastan para bloquear estas actividades. ¿Qué se puede hacer?
Como mi colega David Weinberg explicó recientemente, la Orden Ejecutiva 13224 –el instrumento utilizado para incluir a Hezbolá en América Latina en la lista de terroristas– se introdujo tras los atentados del 11-S para debilitar a los financiadores de terroristas y frustrar sus intentos de servirse del sistema financiero.
En teoría, la inclusión en la lista al amparo de dicha orden ejecutiva bloquea el acceso de los señalados al sistema financiero estadounidense y autoriza a EEUU a perseguir a quienes ofrecen apoyo material y servicios económicos a los terroristas, estén donde estén. Pero fuera de EEUU el alcance de esas medidas es limitado, salvo que el Departamento del Tesoro mantenga actualizadas las identificaciones y datos financieros de los incluidos en la lista, y que también apunte a quienes proveen apoyo material y servicios financieros a las entidades señaladas.
En el Congreso se están debatiendo leyes que podrían al fin hacer pagar el precio a aquellas jurisdicciones que cobijan a evasores de sanciones. Fayad, Wehbe, los Barakat, Galería Pagé y otras entidades señaladas por sus vínculos con Hezbolá en América Latina operan principalmente en Brasil y Paraguay.
Las nuevas medidas podrían poner sobre aviso a ambos países y obligarlos a elegir entre hacer cumplir las sanciones económicas antiterroristas o poner en peligro sus relaciones –económicas y diplomáticas– con Washington.
Uno de los mayores legados del mundo post 11-S es la capacidad de Estados Unidos para luchar contra el terrorismo mediante la guerra económica. Pero las armas, pasado un tiempo, sólo son eficaces si se recalibran o afilan.
Será especialmente necesario hacerlo en la lucha contra quienes financian el terrorismo de Hezbolá en América Latina.
© Versión original (en inglés): Foundation for Defense of Democracies (FDD)
© Versión en español: Revista El Medio
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Fuente: El Medio
